EN EL CONGRESO NO SE CANSAN DE EMBARRARLA
En la práctica, la semana que pasó fue la última de esta legislatura ordinaria, ya que esta será "semana de representación" y el Presidente del Congreso Daniel Salaverry, un tramposo que se envuelve en piel de cordero, nos acaba de demostrar lo que muchos hacen en dicha semana: NADA, según lo denunciado por el programa Panorama hace un par de domingos.
La última semana, sin embargo, el Congreso fue prodigioso y generoso con los peruanos debido a la cantidad de estupideces que cometieron, aumentando de manera exponencial su ya inmenso desprestigio. Es claro que el fujimorismo, después de haberse enfocado en destruir al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo cual consiguió, ahora en alianza con el Apra, parece tener como objetivo la destrucción del país entero. Como ya no tienen opción a ser reelegidos en el siguiente período, parece que han decidido patear el tablero. Y ese tablero se llama Perú.
La primera barrabasada de la semana fue la prolongación del blindaje al congresista Edwin Donayre, de Alianza por el Progreso (APP), sobre quien pesa una condena de cinco años y seis meses por el delito de peculado, cometido antes de que fuera elegido congresista.
La segunda ha sido y sigue siendo la increíble protección que está otorgando el fujimorismo a una basura, a un delincuente, a un indeseable como es Moisés Mamani, un individuo que está descalificado moralmente para ocupar una curul en el Congreso del que Miguel Grau fue miembro en algún momento.
El Congreso puede haber suspendido a esa porquería por 120 días sin goce de haber, pero eso no es suficiente y por eso los congresistas nos engañan. Lo que tendría que haber sucedido es el inmediato levantamiento de impunidad y su posterior desafuero para que el sistema de justicia se encargue de Mamani, pero esto no sucederá, en el mejor de los casos, hasta el mes de marzo en que se reinicia la legislatura ordinaria. Mientras tanto, el congresista podrá seguir acosando a mujeres y haciendo tocamientos indebidos sin que nada le pase.
La tercera, el intento de derogación del Decreto Legislativo 149, que busca aplicar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y máquinas tragamonedas desde el próximo año. La propuesta para derogarlo, viene del grupo que lidera el congresista Miguel Torres, quien sin duda tiene en su cabeza más gel que neuronas. Como ya es sabido, el estudio del congresista, heredado de su padre y hoy manejado por sus familiares, tiene como clientes a varios casinos y tragamonedas.
Recordemos, hace tan solo unos meses, este mismo congresista, intentaba boicotear la supervisión de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, en un país que es el principal productor de cocaína del mundo, el de la economía negra del oro ilegal, el contrabando, la trata de personas y la tala ilegal, y que, precisamente, lava dinero a través de estas instituciones de fachada. Por supuesto, su estudio representaba a varias cooperativas y a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Lamentablemente, este es un congresista más que responde a intereses particulares y a quien nuestro país es lo último que le importa. Como lo mencioné en un artículo hace ya un tiempo, si don Carlos Torres y Torres Lara despertara de su tumba, seguramente sentiría mucha vergüenza por lo que está haciendo su hijo.
La cuarta, y es que en el Congreso creen que los peruanos somos idiotas, ha sido la aprobación de la ley de financiamiento ilícito, con los votos del fujimorismo, del Apra y de Peruanos por el Kambio. El único artículo de esta ley señala que aquel que recibe dinero de procedencia ilícita para campañas electorales tendrá una pena de 3 a 15 años, que es una pena menor a la del delito de lavado de activos, que es el delito por el que están siendo investigados, qué casualidad, Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.
Obviamente, el presidente Martín Vizcarra ha dicho que observará esta absurda ley, promulgada extrañamente, días antes del referéndum, una de cuyas preguntas estaba relacionada a la regulación del financiamiento de organizaciones políticas.
Por último, con los votos del fujimorismo, la Comisión de Justicia aprobó un nuevo texto del proyecto de ley, después de las observaciones del Poder Ejecutivo, que establece la denominada "ejecución humanitaria de la pena", un proyecto de ley con nombre propio que busca beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori. El proyecto, afortunadamente, no llegó a ser debatido en el pleno, sin embargo habrá que esperar al mes de marzo.
Y es entonces que gracias a todos estos desatinos, uno se explica por qué la mayoría de peruanos ha votado por la no reelección de congresistas y por qué el rechazo y gran desaprobación hacia el Poder Legislativo en general.
En lo personal creo que en el Congreso tenemos buenos y hasta muy buenos legisladores, en todas las tiendas políticas, lamentablemente son los menos. Corresponde a ellos y es la gran responsabilidad que tienen, intentar levantar la imagen de su institución.
La primera barrabasada de la semana fue la prolongación del blindaje al congresista Edwin Donayre, de Alianza por el Progreso (APP), sobre quien pesa una condena de cinco años y seis meses por el delito de peculado, cometido antes de que fuera elegido congresista.
La segunda ha sido y sigue siendo la increíble protección que está otorgando el fujimorismo a una basura, a un delincuente, a un indeseable como es Moisés Mamani, un individuo que está descalificado moralmente para ocupar una curul en el Congreso del que Miguel Grau fue miembro en algún momento.
El Congreso puede haber suspendido a esa porquería por 120 días sin goce de haber, pero eso no es suficiente y por eso los congresistas nos engañan. Lo que tendría que haber sucedido es el inmediato levantamiento de impunidad y su posterior desafuero para que el sistema de justicia se encargue de Mamani, pero esto no sucederá, en el mejor de los casos, hasta el mes de marzo en que se reinicia la legislatura ordinaria. Mientras tanto, el congresista podrá seguir acosando a mujeres y haciendo tocamientos indebidos sin que nada le pase.
La tercera, el intento de derogación del Decreto Legislativo 149, que busca aplicar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los casinos y máquinas tragamonedas desde el próximo año. La propuesta para derogarlo, viene del grupo que lidera el congresista Miguel Torres, quien sin duda tiene en su cabeza más gel que neuronas. Como ya es sabido, el estudio del congresista, heredado de su padre y hoy manejado por sus familiares, tiene como clientes a varios casinos y tragamonedas.
Recordemos, hace tan solo unos meses, este mismo congresista, intentaba boicotear la supervisión de las cooperativas por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, en un país que es el principal productor de cocaína del mundo, el de la economía negra del oro ilegal, el contrabando, la trata de personas y la tala ilegal, y que, precisamente, lava dinero a través de estas instituciones de fachada. Por supuesto, su estudio representaba a varias cooperativas y a la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Lamentablemente, este es un congresista más que responde a intereses particulares y a quien nuestro país es lo último que le importa. Como lo mencioné en un artículo hace ya un tiempo, si don Carlos Torres y Torres Lara despertara de su tumba, seguramente sentiría mucha vergüenza por lo que está haciendo su hijo.
La cuarta, y es que en el Congreso creen que los peruanos somos idiotas, ha sido la aprobación de la ley de financiamiento ilícito, con los votos del fujimorismo, del Apra y de Peruanos por el Kambio. El único artículo de esta ley señala que aquel que recibe dinero de procedencia ilícita para campañas electorales tendrá una pena de 3 a 15 años, que es una pena menor a la del delito de lavado de activos, que es el delito por el que están siendo investigados, qué casualidad, Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.
Obviamente, el presidente Martín Vizcarra ha dicho que observará esta absurda ley, promulgada extrañamente, días antes del referéndum, una de cuyas preguntas estaba relacionada a la regulación del financiamiento de organizaciones políticas.
Por último, con los votos del fujimorismo, la Comisión de Justicia aprobó un nuevo texto del proyecto de ley, después de las observaciones del Poder Ejecutivo, que establece la denominada "ejecución humanitaria de la pena", un proyecto de ley con nombre propio que busca beneficiar al ex presidente Alberto Fujimori. El proyecto, afortunadamente, no llegó a ser debatido en el pleno, sin embargo habrá que esperar al mes de marzo.
Y es entonces que gracias a todos estos desatinos, uno se explica por qué la mayoría de peruanos ha votado por la no reelección de congresistas y por qué el rechazo y gran desaprobación hacia el Poder Legislativo en general.
En lo personal creo que en el Congreso tenemos buenos y hasta muy buenos legisladores, en todas las tiendas políticas, lamentablemente son los menos. Corresponde a ellos y es la gran responsabilidad que tienen, intentar levantar la imagen de su institución.
