EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ODEBRECHT
No siendo abogado me resulta un tanto difícil escribir este artículo, sin embargo confiaré en mi sentido común para intentar explicar lo que está pasando con este acuerdo.
Es innegable que, como muchos otros temas en Perú, el acuerdo de colaboración con Odebrecht, ha polarizado al país en dos bandos.
Por un lado, están aquellos que no dejan de torpedear y boicotear el acuerdo, aquellos que consideran que Odebrecht no está devolviendo nada de lo que ha robado, aquellos que reclaman que la reparación civil de S/ 610 millones es una miseria por cuatro obras: Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, la Vía Evitamiento Cusco y la Vía Costa Verde-Callao.
En este lado están los que buscan que el acuerdo se haga público, desconociendo que si se pierde la reserva del mismo, la presión política impediría que el Ministerio Público actúe con la independencia que requiere para saber qué información es la que más conviene a su trabajo. Entiendo, además, que por mandato legal, el acuerdo solo puede hacerse público una vez que haya sido firmado por la fiscalía, el Estado (representado por un procurador), la empresa y por el juez que ratifica el convenio.
Este grupo está representado, entre otros, por el sátrapa ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, protegido del fujimorismo, del aprismo y otros, quien, recordemos, en diciembre envió un oficio al coordinador del equipo especial Rafael Vela para que le informe “sobre los presuntos cuestionamientos a las condiciones” del acuerdo. No debemos olvidar tampoco la conferencia de prensa de Chávarry del 31 de diciembre en la que, después de anunciar la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, amenazó con hacer público el acuerdo, poniendo en alto riesgo la oportunidad de llegar a un acuerdo con Odebrecht.
Por supuesto está representado también por aquellos a los que los términos del acuerdo, tal y como han venido informando los fiscales, les resultan negativos y no quieren que se conozca la verdad. De ahí el interés en filtrar parte del acuerdo entre la fiscalía y Odebrecht, lo cual, comprensiblemente, ha motivado la preocupación de los fiscales del equipo especial, no solo porque pone en riesgo el acuerdo, sino porque revela una posible intromisión en los despachos de la fiscalía, donde se guarda el documento.
Toca destacar entre todo este grupo de delincuentes, entre ex-presidentes, ex-gobernadores, ex-alcaldes, funcionarios públicos de menor rango, por supuesto empresarios y muchos otros más como la señora Keiko Fujimori, al señor Alan García, aquél a quien la plata le llegaba sola, porque, ¿quién contrató a Odebrecht?, ¿quién se reunía con Odebrecht y Barata?, ¿para quién trabajaban los funcionarios sobornados, hoy presos? ¿A quién le regalaron el Cristo del Morro Solar? ¿Quién trató de asilarse en la Embajada de Uruguay? ¿A quién le pagaron US$ 100,000 por una conferencia en Sao Paulo y quién los pagó? ¿Quién está hoy, entre otros muchos, con impedimento de salida del país?
En el lado opuesto nos encontramos (me incluyo) aquellos que entendemos que este acuerdo permitirá que el Estado reciba información muy valiosa que le permitirá desenmascarar redes de corrupción que además y con seguridad, siguen enquistadas en el sector público.
Somos los que que entendemos que todos los funcionarios de Odebrecht que participaron en los sobornos viven en Brasil y nunca podrán ser extraditados. Ir contra ellos es una absoluta pérdida de tiempo. Somos los que sabemos, por nuestra experiencia, que las negociaciones son complejas y que en toda negociación las partes deben ceder para poder ganar.
Somos los que entendemos que embargar todos los bienes de la constructora brasileña, hasta que devuelva el último centavo de sus sucias ganancias, retribuya al país el daño ocasionado por sus actos turbios y prohibirle hacer más negocios en el país es imposible, porque, lo explico con manzanitas, si tengo a un proveedor o cliente que me debe dinero, no puedo impedirle generar ese dinero que yo quiero que me pague: No se puede romper la cadena de pagos.
Somos los que estamos informados que para asegurar el pago se estaría estableciendo un fideicomiso que se formaría con parte de los ingresos que Odebrecht obtenga cuando vuelva a operar en el país. La fiscalía levantaría las restricciones que tiene para operar en el país a cambio de que pague la reparación civil y no vuelva a cometer delitos.
En este lado estamos los que comprendemos que si bien el monto de S/ 610 millones puede ser discutible (ha sido determinado aplicando el reglamento de la Ley 30737), especialmente por el plazo de 15 años sin intereses por los cuatro proyectos antes mencionados, sabemos también que son 38 las investigaciones que hay en curso y que de hallarse responsabilidad penal en otros proyectos licitados por la constructora (como el Gasoducto del Sur, Vías Nuevas de Lima, Chaglla, Chavimochic, Olmos, etc.), se podrán aplicar medidas restrictivas y, por consiguiente, aumentar el monto de reparación civil.
Somos los que no nos olvidamos que a los principales involucrados en la red de corrupción Fujimori-Montesinos se les impuso más de 4 mil millones de soles de reparación civil, de las cuales en 18 años apenas han pagado 18 millones y que el monto, por muy grande que sea, no implica ningún perjuicio real para cada uno de ellos. Solo tienen que decir "no tengo plata". Al asesor presidencial Vladimiro Montesinos se le impuso una reparación civil de más de 558 millones, de los cuales en estos 18 años solo ha pagado 10 millones, que se le ha embargado en bienes. Lo mismo sucede con los terroristas que han sido liberados sin haber pagado nada.
Somos los que estamos bien informados y sabemos que el acuerdo tampoco libera de responsabilidad a sus socios o empresas consorciadas en las obras públicas que Odebrecht construyó en el país, es decir, Graña y Montero, JJ Calmet o ICCGSA. Los consorcios quedan fuera del acuerdo y, en su momento, un juez decidirá la reparación civil que deberán pagar. A cambio, la constructora se compromete a facilitar que sus funcionarios o ex-funcionarios declaren ante los fiscales y jueces y entreguen las pruebas de los actos ilícitos en que estuvieron involucrados en el país.
Somos, por último, los que sabemos que este es un acuerdo de más de mil páginas o folios y que la difusión de 14 de ellas ha sido una absoluta irresponsabilidad, una traición a los peruanos, de quienes el único interés que tienen es que este acuerdo aborte.
Por el bien del país, por el bien de las generaciones que nos siguen, esperemos que las mafias no terminen de boicotear este importante acuerdo e impidan que los funcionarios brasileños declaren.
Y como mencionó la señora Patricia Del Río en su columna del último jueves en El Comercio, "Los que tienen una mejor fórmula, adelante. Somos todo oídos, hasta ahora no hemos escuchado brillantes alternativas".
Por un lado, están aquellos que no dejan de torpedear y boicotear el acuerdo, aquellos que consideran que Odebrecht no está devolviendo nada de lo que ha robado, aquellos que reclaman que la reparación civil de S/ 610 millones es una miseria por cuatro obras: Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, la Línea 1 del Metro de Lima, la Vía Evitamiento Cusco y la Vía Costa Verde-Callao.
En este lado están los que buscan que el acuerdo se haga público, desconociendo que si se pierde la reserva del mismo, la presión política impediría que el Ministerio Público actúe con la independencia que requiere para saber qué información es la que más conviene a su trabajo. Entiendo, además, que por mandato legal, el acuerdo solo puede hacerse público una vez que haya sido firmado por la fiscalía, el Estado (representado por un procurador), la empresa y por el juez que ratifica el convenio.
Este grupo está representado, entre otros, por el sátrapa ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, protegido del fujimorismo, del aprismo y otros, quien, recordemos, en diciembre envió un oficio al coordinador del equipo especial Rafael Vela para que le informe “sobre los presuntos cuestionamientos a las condiciones” del acuerdo. No debemos olvidar tampoco la conferencia de prensa de Chávarry del 31 de diciembre en la que, después de anunciar la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, amenazó con hacer público el acuerdo, poniendo en alto riesgo la oportunidad de llegar a un acuerdo con Odebrecht.
Por supuesto está representado también por aquellos a los que los términos del acuerdo, tal y como han venido informando los fiscales, les resultan negativos y no quieren que se conozca la verdad. De ahí el interés en filtrar parte del acuerdo entre la fiscalía y Odebrecht, lo cual, comprensiblemente, ha motivado la preocupación de los fiscales del equipo especial, no solo porque pone en riesgo el acuerdo, sino porque revela una posible intromisión en los despachos de la fiscalía, donde se guarda el documento.
Toca destacar entre todo este grupo de delincuentes, entre ex-presidentes, ex-gobernadores, ex-alcaldes, funcionarios públicos de menor rango, por supuesto empresarios y muchos otros más como la señora Keiko Fujimori, al señor Alan García, aquél a quien la plata le llegaba sola, porque, ¿quién contrató a Odebrecht?, ¿quién se reunía con Odebrecht y Barata?, ¿para quién trabajaban los funcionarios sobornados, hoy presos? ¿A quién le regalaron el Cristo del Morro Solar? ¿Quién trató de asilarse en la Embajada de Uruguay? ¿A quién le pagaron US$ 100,000 por una conferencia en Sao Paulo y quién los pagó? ¿Quién está hoy, entre otros muchos, con impedimento de salida del país?
En el lado opuesto nos encontramos (me incluyo) aquellos que entendemos que este acuerdo permitirá que el Estado reciba información muy valiosa que le permitirá desenmascarar redes de corrupción que además y con seguridad, siguen enquistadas en el sector público.
Somos los que que entendemos que todos los funcionarios de Odebrecht que participaron en los sobornos viven en Brasil y nunca podrán ser extraditados. Ir contra ellos es una absoluta pérdida de tiempo. Somos los que sabemos, por nuestra experiencia, que las negociaciones son complejas y que en toda negociación las partes deben ceder para poder ganar.
Somos los que entendemos que embargar todos los bienes de la constructora brasileña, hasta que devuelva el último centavo de sus sucias ganancias, retribuya al país el daño ocasionado por sus actos turbios y prohibirle hacer más negocios en el país es imposible, porque, lo explico con manzanitas, si tengo a un proveedor o cliente que me debe dinero, no puedo impedirle generar ese dinero que yo quiero que me pague: No se puede romper la cadena de pagos.
Somos los que estamos informados que para asegurar el pago se estaría estableciendo un fideicomiso que se formaría con parte de los ingresos que Odebrecht obtenga cuando vuelva a operar en el país. La fiscalía levantaría las restricciones que tiene para operar en el país a cambio de que pague la reparación civil y no vuelva a cometer delitos.
En este lado estamos los que comprendemos que si bien el monto de S/ 610 millones puede ser discutible (ha sido determinado aplicando el reglamento de la Ley 30737), especialmente por el plazo de 15 años sin intereses por los cuatro proyectos antes mencionados, sabemos también que son 38 las investigaciones que hay en curso y que de hallarse responsabilidad penal en otros proyectos licitados por la constructora (como el Gasoducto del Sur, Vías Nuevas de Lima, Chaglla, Chavimochic, Olmos, etc.), se podrán aplicar medidas restrictivas y, por consiguiente, aumentar el monto de reparación civil.
Somos los que no nos olvidamos que a los principales involucrados en la red de corrupción Fujimori-Montesinos se les impuso más de 4 mil millones de soles de reparación civil, de las cuales en 18 años apenas han pagado 18 millones y que el monto, por muy grande que sea, no implica ningún perjuicio real para cada uno de ellos. Solo tienen que decir "no tengo plata". Al asesor presidencial Vladimiro Montesinos se le impuso una reparación civil de más de 558 millones, de los cuales en estos 18 años solo ha pagado 10 millones, que se le ha embargado en bienes. Lo mismo sucede con los terroristas que han sido liberados sin haber pagado nada.
Somos los que estamos bien informados y sabemos que el acuerdo tampoco libera de responsabilidad a sus socios o empresas consorciadas en las obras públicas que Odebrecht construyó en el país, es decir, Graña y Montero, JJ Calmet o ICCGSA. Los consorcios quedan fuera del acuerdo y, en su momento, un juez decidirá la reparación civil que deberán pagar. A cambio, la constructora se compromete a facilitar que sus funcionarios o ex-funcionarios declaren ante los fiscales y jueces y entreguen las pruebas de los actos ilícitos en que estuvieron involucrados en el país.
Somos, por último, los que sabemos que este es un acuerdo de más de mil páginas o folios y que la difusión de 14 de ellas ha sido una absoluta irresponsabilidad, una traición a los peruanos, de quienes el único interés que tienen es que este acuerdo aborte.
Por el bien del país, por el bien de las generaciones que nos siguen, esperemos que las mafias no terminen de boicotear este importante acuerdo e impidan que los funcionarios brasileños declaren.
Y como mencionó la señora Patricia Del Río en su columna del último jueves en El Comercio, "Los que tienen una mejor fórmula, adelante. Somos todo oídos, hasta ahora no hemos escuchado brillantes alternativas".
