ENTRE INJUSTICIAS Y BLINDAJES

Hace unas semanas, el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas fue enviado a prisión preventiva  de siete meses por un juez de Piura, acusado de los delitos de homicidio y abuso de autoridad, por haber abatido a un delincuente en medio de un operativo policial. Lamentablemente para él, su familia y todos los peruanos decentes, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó los siete meses de prisión preventiva.

Hace un par de sábados, el suboficial PNP Ayrton Abanto, en completo estado de ebriedad, mató a balazos a Pedro Huamán Silva, un humilde cobrador de combi con el que estaba tomando unos vasos de cerveza en La Esperanza, un barrio popular en la ciudad de Trujillo. Como era de esperarse, el suboficial Abanto fue detenido por el asesinato de Pedro Huamán, pero, inexplicablemente, fue liberado horas después, pese a haber confesado su crimen.

Es decir, el criterio y la moral de nuestros jueces y fiscales cuando se trata de sancionar delitos comunes en las regiones de nuestro país queda a su libre albedrío. El suboficial Abanto disparó, a boca de jarro, en la cabeza de Pedro Huamán; sin embargo, el fiscal de Trujillo, Manuel Utano Zevallos, no encontró razones para solicitar prisión preventiva para el homicida. De acuerdo al criterio de este fiscal, un absoluto incompetente pagado con nuestros impuestos, solo era necesario pedir comparecencia con restricciones porque el efectivo policial disparó involuntariamente a su víctima. “Al no existir enemistad manifiesta con el occiso, se trataría entonces de una conducta accidental o fortuita”, sostuvo el fiscal en su resolución.

Como bien mencionó un reciente editorial de Perú21, "la hipótesis de una conducta accidental es inaceptable, un policía que dispara a un ciudadano bajo los efectos del alcohol no tiene atenuantes. Bajo ese criterio, un hombre que golpea y abusa de una mujer estando ebrio no podría ser denunciado. Un conductor que atropella y mata a un transeúnte, porque manejaba borracho, tampoco podría ser procesado. La responsabilidad del suboficial PNP Ayrton Abanto es innegable".

Mientras el suboficial Abanto se encuentra libre, el suboficial Elvis Miranda está en la cárcel. Uno disparó borracho contra un cobrador de combi, el otro se enfrentó a un delincuente con antecedentes por robo y que intentó darse a la fuga en una escena de crimen. En Trujillo, los fiscales son permisivos; en Piura, los jueces protegen a los delincuentes. Es inadmisible que en nuestro sistema judicial existan jueces y fiscales que actúan sin criterio, interpretando las leyes como les da la gana y muy seguramente obrando de manera corrupta.

En otro plano, tan escandaloso como los que acabo de mencionar, está el blindaje que viene haciendo el fujimorismo y parte de su partido Alianza Para el Progreso (APP), al congresista Edwin Donayre. Como se sabe, El 27 de agosto del año pasado, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima sentenció al congresista, ex general EP, a cinco años y seis meses de cárcel efectiva por peculado en el caso “Gasolinazo”. Lo cierto es que Donayre y sus cómplices robaron al Ejército, al Perú, a cada uno de nosotros, 174 mil galones de gasolina y diésel, valorizados en más de 2 millones 500 mil soles.

Sus cómplices están purgando condena, él está libre gracias a su inmunidad parlamentaria.

El congresista ha presentado un recurso de nulidad que aún está pendiente de resolverse en segunda instancia. Quienes lo defienden en el Congreso, muy especialmente la congresista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, la insoportable y omnipotente que cree saber más que todos los especialistas en Derecho, la que está convencida de estar por encima del bien y del mal, la mayor obstruccionista que pueda existir en el Congreso, ha sostenido que para levantarle la inmunidad al general Donayre “debe haber una sentencia firme”.

Para el senil vocero de Fuerza Popular (FP), Carlos Tubino, existe una embestida de la izquierda del Parlamento contra su colega Donayre. “Los rojos quieren verlo preso y se le tiran encima porque ha sido militar y odian a las Fuerzas Armadas. Por eso dejan de lado la Constitución”, expresó. Pobre hombre, que vergüenza para la Marina de Guerra del Perú.

El expresidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga ha sido muy claro: “En el caso de Donayre dijimos que su destino se decidió en tanto que su proceso estaba conectado con la normativa relacionada al Código de Procedimientos Penales, donde pena impuesta, pena ejecutada”. Dijo también “He escuchado declaraciones que decían que es necesario que haya una segunda instancia, bueno, eso en tanto la ley lo exija, pero no lo exige”.

Del mismo modo, los abogados penalistas Carlos Caro y Luis Lama Puccio, que entiendo conocen más del tema que la señora Bartra, coincidieron en que no es necesario que la Suprema ratifique el fallo para levantarle la inmunidad. Lo cierto es que el Código Penal dice que la sentencia ejecutoria de primera instancia se acata de inmediato, salvo que el Poder Judicial disponga que sea posterior y en este caso el juez no ha dispuesto la suspensión del veredicto, sino que se ejecute de frente. ¿Si se entiende verdad? Claro,  todos menos la mononeural señora Bartra.

Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿Será que el interés del fujimorismo en proteger a este delincuente es porque ellos cuentan con 55 votos en el Congreso, más 5 del Apra, más 5 de esa cosa llamada Acción Republicana, más el voto del General Donayre, lo cual les daría 66 votos para ser mayoría? ¿O será que Donayre sabe algo que los fujimoristas no quieren que se sepa?

Los peruanos decentes no podemos dejar que se sigan burlando de nosotros, ni los fiscales, ni los jueces, ni los congresistas, ni nadie.

Edwin Donayre, es un ladrón, es un delincuente y ha sido condenado. Quienes lo defienden y protegen están obstruyendo a la justicia y se convierten en cómplices. 

Bien dijo alguien que si Bolivia tenía un Ministerio de Marina que no sirve para nada, ¿por qué no podemos tener nosotros un Poder Judicial o un Poder Legislativo?