ENTRE TRANSPORTISTAS Y DELINCUENTES
En relación al reciente paro de transportistas de carga pesada que se dio en diversas regiones del país del 18 al 23 de febrero que pasó, exigiendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones solucione su pliego de reclamos, habría que hacer algunas reflexiones.
Primeramente, señalar que entre las exigencias de estos sinvergüenzas estaban una amnistía por las multas emitidas por la SUTRAN (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) cometidas por ellos mismos, la reducción del precio de los peajes y la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los hidrocarburos.
La protesta de estos mafiosos produjo el bloqueo de varios tramos de carretera en Arequipa (donde de manera organizada se emplearon 2,000 camiones para ese fin) y en Áncash, donde además se quemaron llantas. Sus medidas de fuerza, sin duda propias de los delincuentes, afectaron a miles de ciudadanos que necesitaban trasladarse por vía terrestre generando, además, millones de dólares en perjuicios económicos. Según la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), para el viernes 22 de febrero, el sector podría haber registrado US$ 215 millones en pérdidas. ¿Eso no tendría que ser considerado como traición a la patria?
¡Delincuentes! Esta gente, como ya estamos acostumbrados y como siempre, con la anuencia de nuestras autoridades, quebrantó el Estado de derecho al violar las libertades individuales. En el caso de este paro, el bloqueo de carreteras implicó un atentado contra el derecho de todos nosotros a transitar libremente por el territorio nacional.
Y una vez más, el gobierno cedió de manera cobarde, abdicando al derecho de ejercer la autoridad que la Constitución le confiere. En esta ocasión, aceptó una rebaja de S/ 0.59 por galón de diésel en planta a cargo de Petro-Perú (que pagaremos todos los peruanos), acordó suspender el pago del peaje de Yauca en Arequipa por cinco meses, amplió el "período educativo" de la obligación de contar con GPS en sus vehículos y se comprometió a agilizar la aprobación del proyecto de ley que establece la devolución del ISC de los hidrocarburos.
¡Qué vergüenza cuando el Estado falta a la mayoría de peruanos por congraciarse con chantajistas! Al igual de lo sucedido en noviembre del año pasado en la estación Morona del Oleoducto Norperuano o con los constantes bloqueos en la ruta hacia la mina Las Bambas.
En la ciudad de Lima, esta casta de delincuentes ha invadido la Panamericana Norte, la vía de Evitamiento y la Panamericana Sur, ocupando prácticamente los tres carriles, conduciendo a velocidades que a los que vivimos en esta ciudad nos hacen perder miles de horas hombre por año. Corresponde que las autoridades, MTC, Municipalidad de Lima, la inexistente ATU (Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao), restringir ya la circulación de camiones de carga desde el peaje de Ancón hasta el peaje de Chilca desde las 11 PM hasta las 5 AM.
Y las empresas que dependen del servicio que brindan estos transportistas, que hagan una reingeniería de su sistema logístico en favor de la ciudad.
