LA VERDAD DE LAS BAMBAS
Esta columna probablemente causará incomodidad o molestia entre algunos de mis amables lectores, sin embargo me amparo en el Artículo 2° de nuestra Constitución Política que en su inciso 3 dice literalmente que no hay delito de opinión, y por lo tanto, opino.
El mismo Artículo 2° de nuestra Constitución Política, en el inciso 11, indica que los peruanos tenemos derecho a elegir nuestro lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
Sucede que hay un grupo de comuneros ignorantes de la ley, que están delinquiendo y que no contribuyen en nada a nuestro país –digamos las cosas claras– que están poniendo en riesgo el crecimiento de nuestras exportaciones y por lo tanto, el precio del dólar y el costo de nuestras importaciones, entre otras muchas mediciones que van a afectar a la economía de todos los peruanos.
Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), Las Bambas exportó en el año 2018 S/ 8,235 millones, que equivalen a 5 veces nuestras exportaciones de arándanos, que representan el 1% del PBI total del país y que equivalen a 150 veces el valor actual de los clubes Alianza Lima y Universitario.
A su vez, Las Bambas generó S/ 245.6 millones en regalías durante el año 2018. Con ese monto se podrían construir y equipar 53 comisarías, construir y equipar 300 postas médicas y permitirían contratar a más de mil profesores por 5 años.
Tengámoslo claro, este no es un conflicto laboral ni un conflicto ambiental, es la absurda discusión del derecho de uso de un predio que pertenece a la comunidad de Fuerabamba y de si el Estado peruano, no la empresa minera, tiene una servidumbre de paso para hacer una carretera.
El siguiente video de la periodista Rosa María Palacios, explica de manera muy clara la situación existente:
Patricia del Río, una periodista a la que respeto mucho aunque no necesariamente esté de acuerdo con todas sus ideas, escribió en su columna de El Comercio del último jueves acerca de "empresas que tienen que desarrollar sus actividades donde viven las comunidades más pobres del Perú y, la parte más terrible de esta historia, un Perú urbano –con aires de superioridad– que se enfrenta a uno rural, al que discrimina".
Muy cierto seguramente y sí, es la realidad. Somos una nación de más de 32 millones de habitantes con muchas necesidades. La exportación de cobre es un asunto vital para la economía de todos los peruanos y 150 o 200 familias de Fuerabambas que, repito, no nos aportan nada, no pueden arriesgar el crecimiento de nuestro país.
La mayoría de peruanos, seguramente con la excepción de los comunistas de Nuevo Perú, del Frente Amplio, de Verónika Mendoza, Marco Arana, Marisa Glave y otros más, coincidimos también con Patricia cuando dice "Las tomas de carreteras y los bloqueos no son negociables y deben ser reprimidos... Todos coincidimos en que si por un terreno pasa un camino o carretera, el propietario no tiene derecho a impedir que otros transiten".
Y entonces toca que el Estado, después de casi dos meses de bloqueo de una carretera, de una vía nacional, aunque sea de manera tardía, empiece a ejercer su autoridad. Esto quiere decir que 150 o 200 familias ignorantes de las leyes y por lo tanto delincuentes, azuzadas por abogados corruptos, no pueden paralizar el crecimiento de nuestro país.
El Estado debe terminar con las "negociaciones" porque no hay forma de negociar con esta gente que seguramente mañana pedirá más y más y más. El gobierno debe ejercer la autoridad, hacer cumplir la ley y liberar el paso de esa carretera. Y si ejercer la autoridad implica el uso de la fuerza, detener a delincuentes y lamentablemente muertes, ¡adelante! pues el bienestar de todos los peruanos está por encima de una comunidad.
En cuanto a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores legales de la comunidad Fuerabamba, acusados de ser cabecillas de una presunta organización criminal denominada "Los Chavelos", pues todo el peso de la ley y que se pudran en una prisión hasta el final de sus días.
Según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), Las Bambas exportó en el año 2018 S/ 8,235 millones, que equivalen a 5 veces nuestras exportaciones de arándanos, que representan el 1% del PBI total del país y que equivalen a 150 veces el valor actual de los clubes Alianza Lima y Universitario.
A su vez, Las Bambas generó S/ 245.6 millones en regalías durante el año 2018. Con ese monto se podrían construir y equipar 53 comisarías, construir y equipar 300 postas médicas y permitirían contratar a más de mil profesores por 5 años.
Tengámoslo claro, este no es un conflicto laboral ni un conflicto ambiental, es la absurda discusión del derecho de uso de un predio que pertenece a la comunidad de Fuerabamba y de si el Estado peruano, no la empresa minera, tiene una servidumbre de paso para hacer una carretera.
El siguiente video de la periodista Rosa María Palacios, explica de manera muy clara la situación existente:
Patricia del Río, una periodista a la que respeto mucho aunque no necesariamente esté de acuerdo con todas sus ideas, escribió en su columna de El Comercio del último jueves acerca de "empresas que tienen que desarrollar sus actividades donde viven las comunidades más pobres del Perú y, la parte más terrible de esta historia, un Perú urbano –con aires de superioridad– que se enfrenta a uno rural, al que discrimina".
Muy cierto seguramente y sí, es la realidad. Somos una nación de más de 32 millones de habitantes con muchas necesidades. La exportación de cobre es un asunto vital para la economía de todos los peruanos y 150 o 200 familias de Fuerabambas que, repito, no nos aportan nada, no pueden arriesgar el crecimiento de nuestro país.
La mayoría de peruanos, seguramente con la excepción de los comunistas de Nuevo Perú, del Frente Amplio, de Verónika Mendoza, Marco Arana, Marisa Glave y otros más, coincidimos también con Patricia cuando dice "Las tomas de carreteras y los bloqueos no son negociables y deben ser reprimidos... Todos coincidimos en que si por un terreno pasa un camino o carretera, el propietario no tiene derecho a impedir que otros transiten".
Y entonces toca que el Estado, después de casi dos meses de bloqueo de una carretera, de una vía nacional, aunque sea de manera tardía, empiece a ejercer su autoridad. Esto quiere decir que 150 o 200 familias ignorantes de las leyes y por lo tanto delincuentes, azuzadas por abogados corruptos, no pueden paralizar el crecimiento de nuestro país.
El Estado debe terminar con las "negociaciones" porque no hay forma de negociar con esta gente que seguramente mañana pedirá más y más y más. El gobierno debe ejercer la autoridad, hacer cumplir la ley y liberar el paso de esa carretera. Y si ejercer la autoridad implica el uso de la fuerza, detener a delincuentes y lamentablemente muertes, ¡adelante! pues el bienestar de todos los peruanos está por encima de una comunidad.
En cuanto a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores legales de la comunidad Fuerabamba, acusados de ser cabecillas de una presunta organización criminal denominada "Los Chavelos", pues todo el peso de la ley y que se pudran en una prisión hasta el final de sus días.
