TÍA MARÍA Y EL ESTADO DE DERECHO
Hace un tiempo, en alguna reunión política y a raíz de alguno de los tantos conflictos que tenemos gracias a esa lacra antiminera, tal vez Las Bambas, propuse una solución que yo considero como legal y otros como radical. Yo simplemente planteaba que la ley había que hacerla respetar. Entre varios comentarios hubo uno de un ex-Director General de la Policía Nacional del Perú, persona muy honorable, que consideré como un halago y que me dijo, "Como Ministro de Interior no durarías ni un día".
Hoy estamos viviendo el conflicto de Tía María en el sur del Perú, tal vez peor que el de Conga o Las Bambas, porque en este caso tenemos a un gobernador regional con antecedentes policiales, sin plan de gobierno, sin un equipo calificado en su administración, con un discurso beligerante, violento y radical, absolutamente incoherente o comprometido con sus promesas electorales y que pone en riesgo vidas humanas, debido a su extremismo.
Elegido democráticamente por un montón de arequipeños cojudos, 18.5% de los votos en primera vuelta y más del 57% en el balotaje, se ha atrevido a agraviar en varias ocasiones la figura del presidente de la República a través de amenazas que de por si le merecerían la cárcel.
Tan irresponsables como este delincuente son, por supuesto, el terrorista Goyo Santos, el alcalde de la provincia de Islay, los alcaldes de los distritos que conforman esta provincia, congresistas comunistas como Marco Arana, Justiniano Apaza, Humberto Morales, Wilbert Rozas, Hernando Cevallos y Edilberto Curro, entre otros muchos traidores de la patria. Lo mismo que ONGs de izquierda y esos asesores truchos que lo único que buscan es dinero.
También los terratenientes de Islay (Tía María pagará más y los jornaleros que hoy reciben 30 soles diarios preferirán ir a la mina) y los jornaleros de Puno y Cuzco que bajan al valle de Tambo periódicamente a trabajar y son manipulados por cualquiera de los grupos interesados antes indicados (hasta donde sé, todos los muertos habidos en los dos enfrentamientos anteriores fueron cuzqueños y puneños, ninguno de Islay).
Elegido democráticamente por un montón de arequipeños cojudos, 18.5% de los votos en primera vuelta y más del 57% en el balotaje, se ha atrevido a agraviar en varias ocasiones la figura del presidente de la República a través de amenazas que de por si le merecerían la cárcel.
Tan irresponsables como este delincuente son, por supuesto, el terrorista Goyo Santos, el alcalde de la provincia de Islay, los alcaldes de los distritos que conforman esta provincia, congresistas comunistas como Marco Arana, Justiniano Apaza, Humberto Morales, Wilbert Rozas, Hernando Cevallos y Edilberto Curro, entre otros muchos traidores de la patria. Lo mismo que ONGs de izquierda y esos asesores truchos que lo único que buscan es dinero.
También los terratenientes de Islay (Tía María pagará más y los jornaleros que hoy reciben 30 soles diarios preferirán ir a la mina) y los jornaleros de Puno y Cuzco que bajan al valle de Tambo periódicamente a trabajar y son manipulados por cualquiera de los grupos interesados antes indicados (hasta donde sé, todos los muertos habidos en los dos enfrentamientos anteriores fueron cuzqueños y puneños, ninguno de Islay).
A saber, la provincia de Islay tiene 52,600 habitantes y los que protestan no son más de 1,000, de los cuales solo 300 son radicales. O sea, por el capricho del 0.5% de la población de esta provincia, no se puede desarrollar este importante proyecto que beneficia a todos los peruanos. Por supuesto, luego la izquierda agitadora habla de igualdad y justicia social.
Hace tan solo unos día conversaba con el ex-presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y hoy miembro de su Consejo Consultivo, el señor Carlos Gálvez Pinillos, quien acababa de regresar de Arequipa por unos temas relacionados con la organización de PERUMIN, la cumbre minera más importante que tenemos en el país y que, curiosamente, se realiza en esta ciudad tan antiminera. En cuanto al tema Southern Copper Corporation y Tía María, hizo una interesante analogía que suscribo: Southern sacó su brevete para conducir, pasó el examen médico, el examen psicológico, el de reglas y el de manejo, y por ley, hay que darle la licencia. Pero sí, sería una locura que teniendo la licencia, se le ocurriera conducir por calles llenas de manifestantes.
Lo cierto y lo concreto es que el otorgamiento de la licencia de construcción a la Southern Perú Copper Corporation ha seguido un largo camino legal y cumplido con todos los requisitos legales que ordena la Constitución del Perú.
Hace tan solo unos día conversaba con el ex-presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y hoy miembro de su Consejo Consultivo, el señor Carlos Gálvez Pinillos, quien acababa de regresar de Arequipa por unos temas relacionados con la organización de PERUMIN, la cumbre minera más importante que tenemos en el país y que, curiosamente, se realiza en esta ciudad tan antiminera. En cuanto al tema Southern Copper Corporation y Tía María, hizo una interesante analogía que suscribo: Southern sacó su brevete para conducir, pasó el examen médico, el examen psicológico, el de reglas y el de manejo, y por ley, hay que darle la licencia. Pero sí, sería una locura que teniendo la licencia, se le ocurriera conducir por calles llenas de manifestantes.
Lo cierto y lo concreto es que el otorgamiento de la licencia de construcción a la Southern Perú Copper Corporation ha seguido un largo camino legal y cumplido con todos los requisitos legales que ordena la Constitución del Perú.
La otra parte habla del respeto al Estado de derecho y a mantener el diálogo.
¿Cuál diálogo pregunto yo? ¿El diálogo que nos hizo perder Conga? ¿El diálogo con las comunidades aledañas a Las Bambas y que tienen la ejecución de este proyecto pendiente de un hilo ante la constante amenaza del bloqueo de la ruta por la que se transporta el mineral? ¿El diálogo con las comunidades selváticas que atentan contra el oleoducto?
¿Cómo dialogar cuando el bloqueo de carreteras y la alteración del orden público es el denominador común para obtener réditos políticos o negociar acuerdos con el gobierno central? Muy lejos de formar parte de un intercambio democrático, lo que vemos es un diálogo de sordos propio de la prepotencia, la delincuencia y el chantaje político. El diálogo, condición previa a cualquier acuerdo civilizado, se construye intercambiando palabras, razones, nunca con amenazas.
Y entonces lo que urge es ejercer de manera muy firme la autoridad y hacer respetar el Estado de derecho. De otra manera, el Perú quedará a merced de comunistas, terroristas, agitadores y delincuentes. Y si el uso de la fuerza es necesario para hacer respetar la ley, pues es lo que toca hacer y que caigan los que tengan que caer, lamentablemente.
¿O es que también van a culpar a la minería formal o a Southern Copper Corporation o al Poder Ejecutivo de las explosiones del volcán Ubinas en Moquegua y de toda la contaminación que estas han provocado?
Por el bien del Perú este proyecto debe iniciarse ya y el Estado está en la obligación de dar todas las garantías del caso para que este pueda ejecutarse sin inconvenientes. Lástima que el presidente Martín Vizcarra haya declarado: "Si no se aclaran las dudas, no hay construcción del proyecto Tía María".
¿Cuál diálogo pregunto yo? ¿El diálogo que nos hizo perder Conga? ¿El diálogo con las comunidades aledañas a Las Bambas y que tienen la ejecución de este proyecto pendiente de un hilo ante la constante amenaza del bloqueo de la ruta por la que se transporta el mineral? ¿El diálogo con las comunidades selváticas que atentan contra el oleoducto?
¿Cómo dialogar cuando el bloqueo de carreteras y la alteración del orden público es el denominador común para obtener réditos políticos o negociar acuerdos con el gobierno central? Muy lejos de formar parte de un intercambio democrático, lo que vemos es un diálogo de sordos propio de la prepotencia, la delincuencia y el chantaje político. El diálogo, condición previa a cualquier acuerdo civilizado, se construye intercambiando palabras, razones, nunca con amenazas.
Y entonces lo que urge es ejercer de manera muy firme la autoridad y hacer respetar el Estado de derecho. De otra manera, el Perú quedará a merced de comunistas, terroristas, agitadores y delincuentes. Y si el uso de la fuerza es necesario para hacer respetar la ley, pues es lo que toca hacer y que caigan los que tengan que caer, lamentablemente.
¿O es que también van a culpar a la minería formal o a Southern Copper Corporation o al Poder Ejecutivo de las explosiones del volcán Ubinas en Moquegua y de toda la contaminación que estas han provocado?
Por el bien del Perú este proyecto debe iniciarse ya y el Estado está en la obligación de dar todas las garantías del caso para que este pueda ejecutarse sin inconvenientes. Lástima que el presidente Martín Vizcarra haya declarado: "Si no se aclaran las dudas, no hay construcción del proyecto Tía María".
