YENI VILCATOMA: UNA CORRUPTA MÁS
Y entonces resulta que la congresista Yeni Vilcatoma, aquella que se caracteriza por su incuestionable capacidad de sorprendernos a los peruanos con esos desvaríos inesperados en su conducta parlamentaria o por denuncias alarmistas y escandalosas que terminaban en nada, terminó siendo una corrupta más.
Ella, la ex-procuradora adjunta anticorrupción, el súper gran jale de Keiko Fujimori, la número 3 en la lista congresal, la abanderada de la lucha contra la corrupción; la que antes de ser elegida había declarado acerca de Fuerza Popular, "Si presencio algún tipo de acto de corrupción seré la primera en denunciarlos", pero que no hizo absolutamente nada frente a los casos de Joaquín Ramírez, Pepe Chimpler, Keiko y Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, Moisés Mamani, Yesenia Ponce, Karina Beteta, Betty Ananculi, Maritza Espinoza, Héctor Becerril, Glider Ushñahua y otros más.
Recordemos, esta señora empezó a hacerse conocida por allá en el año 2014, luego del conflicto con el ex-ministro de Justicia, Daniel Figallo, a quien chuponeó durante varios meses, denunciando interferencias del Ejecutivo en el caso de Martín Belaunde Lossio. La irresponsable, como procuradora en ese momento, debía saber que para hacer una escucha telefónica se requiere de una autorización judicial.
No está demás recordar también la denuncia que hizo a Héctor Becerril ante la Comisión de Ética Parlamentaria por "amenazarla" con frustrar las sesiones de la Comisión de Fiscalización que presidía, el primer cuestionamiento que hizo a Úrsula Letona en 2016, su acusación a la ex-ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello de traición a la patria, la denuncia constitucional contra el ex-fiscal de la Nación Pablo Sánchez, sus criticas al procurador anticorrupción Amado Enco por denunciar al congresista Moisés Mamani por encubrimiento por no haber entregado a tiempo los audios y videos sobre la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynksi.
Estuvo también la tremenda estupidez del fujimorismo de postular a esta trastornada no agrupada a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso, su reincorporación al irresponsable partido que la llevó, la nueva denuncia constitucional contra el ex-fiscal de la Nación Pablo Sánchez por la fuga de César Hinostroza, el pedido de expulsión de Úrsula Letona de Fuerza Popular, sus comentarios contra la vicepresidenta Mercedes Aráoz, la denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra, la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación interina Zoraida Ávalos, la propuesta para derogar la Ley 30737 que fue usada para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, la denuncia acerca de un escándalo entre el presidente Vizcarra y la artista Yahaira Plasencia, etc., etc., etc.
Es decir, la señora está como para camisa de fuerza y bozal.
Días antes de que terminara la anterior legislatura, la "señora", ya entre comillas, en medio de sus delirios de persecución y usando de excusa el agradecimiento público que le expresó el sicario Rubén Moreno Olivo (a) "Goro" por haber podido salir ilícitamente de la cárcel, logró gracias a la mafia fujimorista enquistada en la Mesa Directiva del Congreso, la prolongación, hasta enero de 2020, de sus beneficios como tercera vicepresidenta. Beneficios que incluyen ocho agentes de seguridad, un automóvil, una camioneta, una motocicleta, cuatro choferes y combustible para sus vehículos. Un privilegio costoso, irregular e inaceptable al que la actual mesa directiva debió poner fin de inmediato. Son S/180 mil que pagaremos todos los peruanos.
Pero, ¡Oh sorpresa!, la semana pasada apareció una denuncia por la cual el esposo de Yeni Vilcatoma, quien desde que llegó al Congreso debe haber subido 15 kilos, contrató con el Estado por S/ 80,000 de manera irregular.
La ley es clara: Los familiares de los congresistas hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad tienen el impedimento para contratar con el Estado cualquiera fuera el monto siempre y cuando se encuentre dentro del alcance de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, eso no impidió que Manuel Elera Moquillaza, esposo de la congresista, trabaje para cinco instituciones públicas, la Contraloría General de la República, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, la Municipalidad de Lima, de Miraflores y de Villa El Salvador entre los años 2017 y 2019, cuando la congresista ya estaba en funciones.
Cuando la "señora" fue consultada sobre lo ocurrido, acusó ser "víctima de persecución en su contra y en contra de su familia" y se negó a responder.
Queda claro pues, que la señora Vilcatoma, con sus 15 kilos de más, sus trastornos mentales y toda su seguridad, no es ninguna abanderada de la lucha anticorrupción, tan solo es una corrupta más que llegó al Congreso de la mano de Fuerza Popular.
Recordemos, esta señora empezó a hacerse conocida por allá en el año 2014, luego del conflicto con el ex-ministro de Justicia, Daniel Figallo, a quien chuponeó durante varios meses, denunciando interferencias del Ejecutivo en el caso de Martín Belaunde Lossio. La irresponsable, como procuradora en ese momento, debía saber que para hacer una escucha telefónica se requiere de una autorización judicial.
No está demás recordar también la denuncia que hizo a Héctor Becerril ante la Comisión de Ética Parlamentaria por "amenazarla" con frustrar las sesiones de la Comisión de Fiscalización que presidía, el primer cuestionamiento que hizo a Úrsula Letona en 2016, su acusación a la ex-ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello de traición a la patria, la denuncia constitucional contra el ex-fiscal de la Nación Pablo Sánchez, sus criticas al procurador anticorrupción Amado Enco por denunciar al congresista Moisés Mamani por encubrimiento por no haber entregado a tiempo los audios y videos sobre la supuesta compra de votos para evitar la vacancia del ex-presidente Pedro Pablo Kuczynksi.
Estuvo también la tremenda estupidez del fujimorismo de postular a esta trastornada no agrupada a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso, su reincorporación al irresponsable partido que la llevó, la nueva denuncia constitucional contra el ex-fiscal de la Nación Pablo Sánchez por la fuga de César Hinostroza, el pedido de expulsión de Úrsula Letona de Fuerza Popular, sus comentarios contra la vicepresidenta Mercedes Aráoz, la denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra, la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación interina Zoraida Ávalos, la propuesta para derogar la Ley 30737 que fue usada para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción, la denuncia acerca de un escándalo entre el presidente Vizcarra y la artista Yahaira Plasencia, etc., etc., etc.
Es decir, la señora está como para camisa de fuerza y bozal.
Días antes de que terminara la anterior legislatura, la "señora", ya entre comillas, en medio de sus delirios de persecución y usando de excusa el agradecimiento público que le expresó el sicario Rubén Moreno Olivo (a) "Goro" por haber podido salir ilícitamente de la cárcel, logró gracias a la mafia fujimorista enquistada en la Mesa Directiva del Congreso, la prolongación, hasta enero de 2020, de sus beneficios como tercera vicepresidenta. Beneficios que incluyen ocho agentes de seguridad, un automóvil, una camioneta, una motocicleta, cuatro choferes y combustible para sus vehículos. Un privilegio costoso, irregular e inaceptable al que la actual mesa directiva debió poner fin de inmediato. Son S/180 mil que pagaremos todos los peruanos.
Pero, ¡Oh sorpresa!, la semana pasada apareció una denuncia por la cual el esposo de Yeni Vilcatoma, quien desde que llegó al Congreso debe haber subido 15 kilos, contrató con el Estado por S/ 80,000 de manera irregular.
La ley es clara: Los familiares de los congresistas hasta el segundo grado de afinidad y consanguinidad tienen el impedimento para contratar con el Estado cualquiera fuera el monto siempre y cuando se encuentre dentro del alcance de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, eso no impidió que Manuel Elera Moquillaza, esposo de la congresista, trabaje para cinco instituciones públicas, la Contraloría General de la República, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, la Municipalidad de Lima, de Miraflores y de Villa El Salvador entre los años 2017 y 2019, cuando la congresista ya estaba en funciones.
Cuando la "señora" fue consultada sobre lo ocurrido, acusó ser "víctima de persecución en su contra y en contra de su familia" y se negó a responder.
Queda claro pues, que la señora Vilcatoma, con sus 15 kilos de más, sus trastornos mentales y toda su seguridad, no es ninguna abanderada de la lucha anticorrupción, tan solo es una corrupta más que llegó al Congreso de la mano de Fuerza Popular.