¿EXISTE JUSTICIA EN EL PERÚ?

Escrito por Juan Carlos Suttor

Hace unos días, el ladrón, corrupto y responsable de la muerte de más de 200.000 peruanos durante la pandemia, Martín Vizcarra, logró que se le levanten las restricciones que tenía por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Es decir, se le levantan las restricciones cuando su juicio está pronto a finalizar y su condena es inminente. Gracias al Poder Judicial, el criminal quedó expedito para fugarse.

A Nicolás Boluarte, el hermano de nuestra popularísima presidente, acusado de organización criminal y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Waykis en la sombra”, que investiga el presunto nombramiento de autoridades con el fin de crear un partido político, el Poder Judicial le estableció 36 meses de prisión preventiva por el riesgo de fuga. Sin embargo el prófugo desde hace más de 30 días, a través de sus abogados, dice ser inocente ante la ley hasta que no exista una sentencia firme. Todos bien, gracias.

El Tribunal Constitucional acaba de fallar por la anulación de la condena contra el mal nacido Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka. Nuestro máximo órgano constitucional indica en su resolución y blablablá de por medio que la justicia ordinaria obvió pronunciarse sobre un recurso de excepción de la acción penal presentada por el procesado y emitió sentencia, "lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales". Otro error del Poder Judicial.

Por supuesto, para los que tenemos más de una neurona, esto no significa la inocencia de la basura de Vladimir Cerrón, como quiere hacernos creer la izquierda. Esa porquería debe estar en prisión y punto.

Dijo su abogado, cuyo nombre ni mencionaré porque no vale la pena hacerle publicidad gratis a un cretino, parte de nuestro sistema judicial, "Si la decisión es injusta, nadie está obligado a cumplir (una sentencia judicial)". Es decir, ni en Ciudad Gótica se darían estas barbaridades.

Los peruanos seguimos esperando el inicio del juicio oral a Susana Villarán, exalcaldesa de Lima del 2011 al 2014, acusada de recibir financiamiento ilegal de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas políticas de 2013 y 2014. La Fiscalía ha formulado cargos por organización criminal, lavado de activos y otros delitos, en relación a estos presuntos actos de corrupción. ¿Y hasta cuándo seguiremos esperando?

Los casos mencionados líneas arriba, son tal vez los más emblemáticos, los que ocupan vergonzosamente las primeras planas de nuestros diarios y noticieros. Pero, ¿qué pasa con los miles de ciudadanos que se encuentran a merced de este sistema? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el señor Ricardo Briceño o con los Juan Quispe Mamani, con prisión preventiva desde años sin que se emita alguna sentencia?

Nuestro sistema de justicia, que incluye también al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, está podrido, está corrompido, está quebrado, está muerto. Los procesos son interminables, la corrupción crece cada día y como vemos, se libera a delincuentes diariamente, sin dejar de mencionar los innombrables abusos que se dan.

El resultado es que el sistema no protege los derechos de la mayor parte de los peruanos ni garantiza seguridad jurídica para los negocios.

Según un artículo publicado por Jaime de Althaus en Lampadia, recoletano y con buena formación como yo, dijo "la demora en los procesos se manifiesta en una carga acumulada pendiente de 3’626,988 procesos a noviembre. En el Poder Judicial y el Ministerio Público sostienen que necesitan más jueces y más fiscales. Un 25% más de jueces y un 19% más de fiscales, respecto de los que hay ahora. Esto es más presupuesto por 932 millones en el primer caso y por 480 millones en el segundo".

Coincido con él cuando dice "Pero no necesitaríamos tantos magistrados adicionales si el sistema fuera más eficiente y menos corrupto".

Y es verdad, porque como bien dice Jaime de Althaus "Para comenzar, resulta que el 40% de los jueces, así como el 56% de los fiscales son “supernumerarios”, es decir, abogados de la calle contratados de manera temporal para suplir vacantes. Y aquí viene el problema, porque por lo general el presidente de la Corte Superior contrata a allegados suyos: amigos, compañeros de promoción, familiares o familiares de magistrados. Esos supernumerarios evidentemente no son independientes. Hacen lo que le pide quien los contrata. Es un sistema neopatrimonialista que genera redes de intercambio de favores o eventualmente de corrupción, como el caso de los Cuellos Blancos del Puerto".

Estamos pues, querido lector, ante un sistema totalmente fallido y pregúntese usted si confía en la Policía Nacional, en nuestros fiscales o en nuestros jueces.

Algunas iniciativas de mejora hay, como la de la congresista Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, quien ha presentado una propuesta de reforma constitucional para reemplazar a la JNJ, que no ha podido nombrar magistrados titulares a la velocidad necesaria, por la Escuela Nacional de la Magistratura, de modo que ingresen a la judicatura los mejores alumnos luego de dos años de estudios. La propuesta de la señora Echaíz además, propone eliminar las ratificaciones cada 7 años, que son una espada de Damocles y reemplazarlas por evaluaciones de desempeño internas rigurosas.

Está también la propuesta del constitucionalista Natale Amprimo quien plantea que desde el sector privado se forme un fondo para que estudiantes del 10% superior de las mejores universidades (es decir, no la UCV de César Acuña) hagan sus prácticas en el sistema judicial recibiendo un pago bastante superior al que ganarían en un estudio. Algún porcentaje de esos practicantes luego querría quedarse a fin de que en el mediano o largo plazo vaya mejorando la calidad de los magistrados.

En fin, estimado lector, hay muchísimo por hacer y soy muy pesismista en cuanto a que se pueda avanzar a o mejorar algo en el corto o mediano plazo. Lo que necesitamos es un gobierno dispuesto a hacer el "Cambio Radical" que necesita nuestro país.

Mientras tanto, recientemente el Perú votó a favor de suspender la pena de muerte en la asamblea de la ONU, pero nuestra 3% de popularidad, engaña a la ciudadanía promoviendo un debate para aplicarla a violadores.